Hallan un “narcocementerio” en Mexicali: decenas de fosas clandestinas y cuerpos que revelan una violencia sin freno
Qué se sabe, quiénes buscan y por qué el hallazgo sacude a familias y autoridades en Baja California

En el Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, se han descubierto al menos 27 fosas clandestinas con decenas de cuerpos humanos enterrados de forma ilegal, un hallazgo que vuelve a poner en evidencia el nivel de violencia y el impacto del crimen organizado en la frontera norte de México. Esta zona, que colinda con el estado de Sonora, ha sido escenario de múltiples hallazgos de restos humanos en años recientes, pero el reciente descubrimiento en la colonia Miguel Alemán ha generado alarma por el número de excavaciones y la forma en que se han encontrado los cuerpos.
Este fenómeno ha sido descrito por colectivos de búsqueda como un “narcocementerio” debido a la repetición de cuerpos enterrados en fosas ocultas y a la aparente estrategia de ocultar pruebas de homicidios violentos perpetrados por el crimen organizado. A continuación explico en detalle qué se ha encontrado, cómo se están llevando a cabo las búsquedas, quiénes están involucrados y cuál es la respuesta institucional, así como el contexto más amplio de esta problemática.
Los hallazgos: fosas clandestinas y cuerpos recuperados
Desde principios de enero de 2026, diversas fosas han sido localizadas en el Valle de Mexicali, principalmente en terrenos rurales cercanos a la colonia Miguel Alemán. Al corte del 29 de enero, se habían reportado 22 cuerpos recuperados de al menos 27 fosas clandestinas, aunque varios de esos hoyos aún no han sido excavados completamente. La mayoría de los cuerpos estaban en estados de avanzada descomposición o calcinados, lo que complica la identificación.
Los colectivos que participan en estas labores han señalado que no se trata de hallazgos aislados, sino de una zona que ha sido utilizada de manera recurrente por grupos criminales para enterrar restos. En 2023, por ejemplo, ya se habían encontrado más de 20 cuerpos en la misma colonia, lo que sugiere que la problemática se ha extendido en el tiempo.
Más allá del número de cuerpos, lo que preocupa a los familiares de personas desaparecidas es el estado en que fueron enterrados. Muchos presentan signos de haber sido enterrados rápidamente, con restos óseos dispersos, cráneos aislados y fragmentos humanos encontrados entre tierra removida, lo que indica una intención de ocultar evidencia y dificultar la identificación forense.
Colectivos de búsqueda: el corazón de la investigación ciudadana
Los grupos de búsqueda de personas desaparecidas han jugado un papel central en estos hallazgos. Organizaciones como Buscando a Paola y Desaparecidos de Mexicali han estado trabajando en la zona desde hace semanas, realizando excavaciones y documentando evidencias con recursos limitados.
Una de las voces más destacadas es la de Marlen Castro, líder de uno de estos colectivos, quien ha descrito el área como un campo de exterminio. Según ella y otros integrantes, la cantidad de restos encontrados hace pensar que podrían llegar a localizarse hasta 100 cuerpos conforme avancen las excavaciones.
Marlen también ha criticado que la falta de apoyo logístico —como maquinaria adecuada, personal especializado y financiamiento— esté ralentizando el rescate y procesamiento de restos humanos. “Donde ustedes pisen, ahí hay un cuerpo”, ha dicho en declaraciones a medios, reflejando la magnitud del problema.
La respuesta institucional: esfuerzos y limitaciones
Aunque los colectivos han sido fundamentales para identificar las fosas, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) también ha intervenido en la zona para analizar los restos hallados. Según la autoridad, se han confirmado restos humanos en múltiples puntos de intervención, y se ha conformado un grupo interdisciplinario forense para avanzar en los análisis científicos necesarios, como genética, odontología forense y criminalística.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, ha destacado que para que la investigación avance, también se han solicitado aportaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que hay indicios de participación de delincuencia organizada en los enterramientos. Incluso se ha especulado sobre posibles complicidades de autoridades locales en desapariciones, aunque estas versiones requieren aún confirmación oficial y judicial.
A diferencia de los hallazgos iniciales en enero de 2026, donde en algunas fosas se encontraron restos de por lo menos 10 cuerpos, las excavaciones recientes han mostrado una cifra mayor y una variedad de restos que sugieren crímenes con ejecuciones violentas y ocultamientos intencionales.
¿Por qué ocurre esto en Mexicali?
El hallazgo de fosas clandestinas no es un hecho aislado ni sorprendente dentro del contexto de violencia en México. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado que varias regiones del país presentan patrones similares, donde el crimen organizado entierra cuerpos en zonas remotas para ocultar evidencias y desorientar las investigaciones oficiales.
En Baja California, la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha intensificado en los últimos años, lo que ha generado una escalada de violencia en municipios como Mexicali, Tijuana y Ensenada. De hecho, datos de organizaciones independientes señalan que, entre 2009 y diciembre de 2025, Mexicali acumuló alrededor de 100 fosas clandestinas detectadas, lo que lo convierte en uno de los puntos más afectados del estado.
Esta situación se inscribe dentro de un fenómeno más amplio de violencia en México, donde fosas clandestinas han sido halladas en distintos estados en los últimos años, como en Jalisco, donde se han encontrado decenas de cuerpos en cementerios ocultos, o en Sonora, donde también se han identificado restos humanos asociados a desapariciones.
El dolor de las familias: búsqueda de identidades y justicia
Por detrás de las cifras y excavaciones hay familias que buscan desesperadamente respuestas. Más de 500 personas desaparecidas en Mexicali se encuentran bajo investigación oficial, aunque asociaciones civiles aseguran que el número real podría ser mayor debido al subregistro que existe por temor o falta de denuncia.
El proceso de identificación de cuerpos es lento y complejo. Aunque algunos restos han sido recuperados y analizados, muchas familias aún no reciben informes claros sobre si sus seres queridos están entre los hallados. Esto genera una doble angustia: por un lado, la incertidumbre sobre el paradero de un familiar desaparecido; por otro, la falta de un cierre digno y formal que permita un entierro o alguna forma de despedida.
Además, la violencia y las amenazas constantes por parte de grupos delictivos dificultan que las familias se movilicen libremente o participen en las búsquedas sin sentir miedo por su propia seguridad.
¿Qué sigue en las investigaciones?
Las labores de búsqueda continúan en un terreno que abarca varias hectáreas de zona rural en el Valle de Mexicali. Las autoridades han señalado que el trabajo puede extenderse durante meses, incluso años, dada la extensión de la tierra y la complejidad del terreno.
Para avanzar, se requiere no solo excavación y análisis forense, sino también coordinación entre autoridades estatales y federales, el uso de tecnología avanzada —como georradares, drones y análisis genéticos— y una mayor asignación de recursos para garantizar que cada fosa sea investigada a fondo.
Asimismo, colectivos y organizaciones civiles han pedido greater transparency and accountability to ensure that relatives have access to information and that investigations can lead to identificación, justicia y reparación.
Entre hallazgos y reclamos, una crisis sin resolver
El descubrimiento de múltiples fosas clandestinas con decenas de cuerpos en Mexicali es un reflejo de una crisis de violencia y desapariciones que no se limita a un solo municipio, sino que forma parte de un fenómeno nacional. Más allá de los números, lo que está en juego es la dignidad de las víctimas, el derecho de las familias a saber la verdad y la responsabilidad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
Mientras las excavaciones avanzan y las investigaciones se intensifican, la comunidad permanece en alerta, esperando respuestas claras, justicia y un compromiso sostenido por parte de las instituciones para enfrentar una realidad que ha dejado a demasiadas familias sin respuestas y con un dolor profundo.