En las últimas semanas, un movimiento político inesperado ha tomado fuerza en Baja California. Lo que empezó como una investigación federal se ha convertido en un factor que está reorganizando el poder político y empresarial en la entidad. Esta historia tuvo su detonante en una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas muy cercanas a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Lo que ha ocurrido desde entonces pone en el centro del debate la forma en que se ejerce el poder local, cómo operan las instituciones y quiénes realmente están tomando decisiones clave en la administración pública estatal.
La chispa: una investigación federal
Todo comenzó con una investigación abierta por la FGR, que tiene alcance nacional, y que apunta a presuntos delitos graves como narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Aunque las autoridades federales no han revelado todos los detalles públicamente, versiones periodísticas y confirmaciones de algunos medios señalan que dentro de esta carpeta de investigación está involucrado Carlos Alberto Torres Torres, quien hasta hace poco era esposo de la gobernadora. La propia Marina del Pilar Ávila ha reconocido que existe una investigación federal en curso.
Lo interesante es que esta investigación no se ha quedado en los papeles de una carpeta judicial. Ha tenido un impacto directo en cómo se organiza el poder político en Baja California: quién decide, quién coordina y quién comunica. Esto ha producido movimientos internos muy relevantes dentro del gobierno estatal y en su red de relaciones con sectores empresariales claves.
Empezando por el núcleo del poder
En Baja California, como en muchos gobiernos estatales, hay figuras que tienen poder formal y otras que ejercen control de facto sobre áreas estratégicas. En la estructura tradicional, la gobernadora y su círculo más cercano decidían muchos aspectos de la agenda política y las relaciones institucionales. Sin embargo, tras los primeros oficios de la FGR y los llamados a comparecer a una serie de actores relevantes —entre ellos figuras como Fernando Rafael Salgado Chávez, Ismael Burgueño Ruiz y Armando Ayala—, esos equilibrios empezaron a cambiar.
Según fuentes consultadas por medios que han cubierto este caso, el impacto más notorio de esta investigación ha sido el reacomodo de las cadenas de mando en áreas clave del gobierno estatal. No se trata de ajustes administrativos menores, como cuando se cambia un titular de oficina; estamos viendo una redistribución del poder político y operativo en el estado, con efectos que podrían trascender más allá del corto plazo.
Quién está tomando las decisiones ahora
Una de las figuras que ha ganado relevancia en este nuevo mapa del poder en Baja California es Fernando Salgado Chávez. En lo que ahora parece un reordenamiento del poder, muchas de las decisiones y coordinaciones que antes dependían directamente de la gobernadora o de su entorno más cercano ahora fluyen hacia Salgado. Incluso se ha reportado que Carlos Torres, la figura señalada en la investigación, ahora estaría reportando a Salgado en varios temas. Esto sugiere un desplazamiento importante de la estructura original.
Este cambio puede parecer sutil a primera vista, pero tiene implicaciones reales: cuando una figura distinta asume la interlocución política, las prioridades, las alianzas y las estrategias cambian. En otras palabras, el poder no se está distribuyendo de la misma manera que antes, y eso está afectando decisiones que van desde la justicia hasta las relaciones con el sector empresarial.
La justicia y su papel en medio de la presión
Un punto especialmente delicado en este reacomodo es el comportamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en teoría debe operar con autonomía constitucional. Antes de que se hiciera público este proceso, la FGE estatal mantenía una línea de coordinación directa con el círculo de poder de la gobernadora. Sin embargo, con la investigación federal en marcha, este esquema cambió: ahora la coordinación operativa parece estar vinculada a Salgado.
Esto es significativo porque, de acuerdo con la ley estatal, la Fiscalía debe actuar con independencia respecto al poder político. En la práctica, los movimientos recientes sugieren que los equilibrios institucionales están siendo puestos a prueba ante la presión de una indagatoria federal de alto impacto. El riesgo, como señalan algunos especialistas, es que la percepción de autonomía se vea afectada si las instituciones parecen alinearse más con intereses políticos que con principios de imparcialidad.
Control de la comunicación y la agenda pública
Además de los ajustes en la estructura de mando, hay otro aspecto que ha cambiado: quién controla la narrativa pública. La comunicación oficial de la Fiscalía y del gobierno estatal ya no fluye como antes. En ese ámbito, personajes como Ricardo Carpio, exfiscal del estado y cercano a Salgado, estarían desempeñando un papel relevante en la estrategia mediática relacionada con este proceso, incluso manteniendo influencias sobre la actual titular de la Fiscalía.
Mientras tanto, figuras como Pedro Montejo Peterson, quien funge como secretario de Desarrollo Económico en Tijuana y operador político, también han ganado terreno como ejecutores de decisiones que se traducen en acciones concretas dentro del territorio. Esto refleja que no solo se han movido piezas en oficinas administrativas; la red de relaciones políticas y económicas también se está redefiniendo.
Cambios en la interlocución empresarial
El impacto de este reacomodo no se limita al ámbito político. Sectores empresariales que históricamente tenían acceso directo a ciertos círculos de poder ahora están reconfigurando sus canales de interlocución. El reporte de medios indica que organizaciones empresariales que antes trataban directamente con algunos actores clave ahora lo hacen a través de nuevos intermediarios, lo que ha generado cautela y repliegue en ciertos sectores del empresariado local.
Movimientos territoriales y el futuro político
A nivel territorial, también se han observado movimientos estratégicos que parecen formar parte de una recalibración más amplia del poder. Por ejemplo, algunos actores que tenían vínculos estrechos con determinadas figuras políticas buscan ahora fortalecer alianzas en otros estados, como Baja California Sur o Jalisco, en un contexto donde el futuro político no está claro para muchos de los involucrados.
Entre los mensajes internos que circulan en estos círculos se habla de mantener respaldo político para ciertas figuras emergentes, como el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, así como otros posibles aspirantes a la gubernatura como Alejandro Arregui y el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas. Esta línea sugiere que, más allá de la coyuntura judicial, se está pensando ya en las proyecciones políticas hacia adelante.
Lo que significa para Baja California
Lo que estamos viendo en Baja California no es simplemente un ajuste burocrático. Es un reacomodo profundo de las relaciones de poder en un estado clave para la política mexicana. La investigación de la FGR abrió una caja de Pandora que ha puesto en tensión la forma en que se ejerce el poder, cómo se relacionan las instituciones y hasta cómo se negociarán influencias políticas y empresariales en el futuro cercano.
Este proceso también plantea preguntas más amplias sobre la autonomía institucional, la transparencia en la investigación de delitos de alto impacto y la manera en que las fuerzas políticas y legales interactúan en un entorno donde muchas decisiones se toman detrás de escena. Por ahora, la investigación federal sigue su curso y muchos de los elementos clave de esta historia todavía están en desarrollo. El tiempo dirá cómo se resuelve este proceso, y si las instituciones a cargo podrán mantener su independencia y credibilidad ante la opinión pública.