Con los votos mayoritarios de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó ayer la polémica reforma conocida como «supremacía constitucional», la cual modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución. Esta enmienda busca establecer la improcedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales y elimina la posibilidad de controversias o acciones de inconstitucionalidad.
El dictamen fue aprobado con 343 votos a favor y 129 en contra, tras un acalorado debate de más de 10 horas. Durante la discusión, la oposición alertó sobre el riesgo de instaurar una dictadura, mientras los partidos mayoritarios defendieron la medida, argumentando que solo se incorpora a la Constitución lo que ya está previsto en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
El documento fue enviado de inmediato a las legislaturas estatales, en un intento por parte de Morena de emitir la declaratoria de validez antes del jueves, antes de que la Suprema Corte evalúe la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.
En un momento álgido del debate, el diputado panista José Manuel Hinojosa lanzó una grosería desde la tribuna contra el bloque oficialista: «¡Ojalá la ley tuviera espinas para que al menos les duela cuando se la pasen por los güevos!».
Dentro del grupo parlamentario de Morena, hubo intentos de algunos sectores por modificar la minuta del Senado, específicamente para eliminar el segundo transitorio del decreto. Este apartado permite la aplicación retroactiva de la ley, lo que afectaría todos los amparos y controversias en trámite contra la reforma al Poder Judicial, y potencialmente otras acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la propuesta de cambio fue rechazada. Juan Ramiro Robledo, ex presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y actual enlace de la Secretaría de Gobernación, defendió el transitorio, lo que generó tensiones dentro de Morena. Finalmente, el ala más conservadora del partido logró imponer su postura.
La sesión solemne prevista para conmemorar los 50 años de la incorporación de Baja California Sur fue cancelada, y en su lugar, se retomó la discusión de la reforma. Leonel Godoy, presidente actual de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen como un logro de la mayoría, lo que provocó críticas de la oposición, que lo acusó de utilizar un tono partidista en lugar de institucional.
Por su parte, Lilia Aguilar Gil (PT) arremetió contra la oposición, señalando que mentían al afirmar que la reforma desmantelaba el estado de derecho, argumentando que el juicio de amparo, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad permanecen intactos.
El Partido Acción Nacional (PAN) subió a la tribuna vestido de negro y con veladoras, portando carteles con epitafios que decían: “Descanse en paz el estado de derecho, murió víctima del autoritarismo de Morena”. Annia Sarahí Gómez, del PAN, acusó a Morena de “matar la Constitución” y alertó sobre una «regresión histórica», mientras que Sergio Gil (MC) retomó referencias cinematográficas para criticar a Morena, calificándolos como «nietos de Varguitas» y de La Ley de Herodes.
En medio de este enfrentamiento ideológico, la reforma avanza, aunque su futuro constitucional sigue siendo incierto.