La mañana del jueves 6 de noviembre de 2025 quedó marcada por un nuevo episodio de violencia política en la región Costa de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca: la servidora pública y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Urbán Ceballos, regidora de Parques y Jardines de dicho municipio, fue asesinada a balazos al salir de su domicilio.
Los hechos
Según los primeros reportes, Urbán Ceballos se encontraba en la agencia municipal de San Antonio Ocotlán —comunidad de la que era originaria— cuando fue sorprendida por al menos dos hombres armados que viajaban en motocicleta y le dispararon mientras ella abordaba su vehículo para dirigirse a su labor como regidora.
El cuerpo fue hallado sobre el camino que conecta su vivienda con la comunidad de San Juan Cacahuatepec, ante lo cual la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó los protocolos de investigación correspondientes, incluyendo la carpeta por homicidio calificado.
Hasta el cierre de esta edición no se había reportado una detención confirmada por los hechos.
Reacciones institucionales
El gobierno municipal de San Juan Cacahuatepec condenó enérgicamente el crimen, refiriéndose a la víctima como “una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad”, y exigió a las autoridades estatales y federales una «investigación inmediata, seria y con resultados».
Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México emitió un comunicado expresando su profunda consternación por la muerte de Urbán Ceballos y solidaridad con su familia, amigos y compañeros de militancia.
Contexto y trascendencia
El asesinato de una autoridad municipal como Urbán pone en evidencia nuevamente los altos niveles de riesgo que enfrentan los servidores públicos, en particular en zonas vulnerables como la Costa de Oaxaca. Las líneas de investigación de la Fiscalía apuntan tanto a un posible ajuste de cuentas personal como a situaciones ligadas a deudas o conflictos locales, aunque aún no se ha establecido un móvil definitivo.
Asimismo, el hecho se enmarca dentro de una creciente preocupación por la violencia política y de género contra mujeres funcionarias en México, situación que demanda una respuesta contundente por parte de las instancias de seguridad y justicia.
Lo que sigue
La Fiscalía del Estado declaró que se encuentra investigando el caso bajo el Protocolo de Feminicidio, dada la naturaleza del cargo y la agresión sufrida, lo que implica la participación de peritos especializados y un escrutinio exhaustivo del entorno de la víctima.
La comunidad de San Antonio Ocotlán, así como la estructura municipal, esperan acciones concretas para garantizar que este crimen no quede en la impunidad, ante el agravante de que la víctima ejercía una función pública en una región con marcada marginación y retos de seguridad.
Este suceso no sólo representa una tragedia para la familia de la regidora, sino también un reto para las autoridades de Oaxaca que deben responder al llamado de justicia de la sociedad.
La violencia política —y en su dimensión de género— sigue siendo un obstáculo grave para la democracia local y la participación ciudadana.