Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 3 de agosto del 2026.- Ante la persistencia de denuncias por acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia institucional en hospitales públicos del estado, la diputada por Morena, Jael Argüelles Díaz, exigió una rendición de cuentas formal al secretario de Salud, Gilberto Baeza, mediante un cuestionario de 32 preguntas orientadas a esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evaluar las acciones implementadas por la dependencia.
Durante su intervención ante la Diputación Permanente, la legisladora advirtió que la acumulación de casos durante los últimos años refleja una problemática estructural grave que ha sido minimizada y normalizada por las autoridades estatales. Asimismo, cuestionó las declaraciones atribuidas al titular de Salud respecto a las denuncias presentadas en el Hospital General “Dr. Javier Ramírez Topete” de Cuauhtémoc, cuyas expresiones al calificarlas como “ambiguas” fueron señaladas como un acto de revictimización institucional que desalienta la denuncia.
Argüelles Díaz recordó que el problema no es aislado ni reciente, ya que entre 2023 y 2026 se han documentado múltiples casos de abuso de poder, discriminación y represalias contra personal médico, residentes, internos y trabajadoras. Entre los hechos más graves expuestos destaca el registro en el Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, donde cinco residentes de Ginecología sufrieron abusos que derivaron en la hospitalización en estado crítico de una médica y la renuncia de otras tres.
Pese a la creación de una Mesa Interinstitucional por parte de la Secretaría de Salud para atender esta crisis, las agresiones continuaron. En 2025 se reportaron nuevos casos de acoso y discriminación con severas afectaciones a la salud mental en el Hospital Central del Estado, a pesar de que la superioridad ya tenía conocimiento previo. A esto se suma el rechazo por parte de la dependencia estatal a la Recomendación 06/2026 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por hostigamiento sexual, violencia laboral e institucional.
La legisladora enfatizó que las medidas implementadas hasta la fecha han resultado inoperantes, señalando que la práctica institucional de reubicar a las víctimas mientras los agresores permanecen en sus cargos constituye una forma de castigo indirecto que obliga a las afectadas a cargar con las consecuencias.
Las 32 preguntas formuladas al Ejecutivo estatal buscan esclarecer el volumen real de denuncias presentadas, las investigaciones iniciadas, las sanciones aplicadas, la efectividad de los protocolos de protección y los resultados concretos de las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género en el sector salud, exigiendo respuestas institucionales basadas en hechos y no en discursos burocráticos.