La región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, no solo sigue siendo el escenario de una despiadada guerra entre grupos criminales: se encuentra prácticamente bajo su control. Según recientes reportes, al menos cuatro organizaciones del narcotráfico se disputan el territorio con tal intensidad que el gobierno estatal y federal parece más espectador que garante de la seguridad.
Una disputa con nombres, armas y huella social
Los principales actores identificados en este conflicto son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos (una alianza que agrupa a diversas células incluyendo “Los Viagras” y el Cártel de Tepalcatepec, también conocido como “El Abuelo”), así como la La Familia Michoacana y la La Nueva Familia Michoacana.
Estas agrupaciones no solo peleaban por plazas de tránsito de droga, sino que han extendido su influencia hacia la agroindustria, la extorsión, los secuestros y la minería ilegal —tres ámbitos que se han vuelto fuente de poder lejos de los reflectores.
El discurso de control oficial vs. la percepción ciudadana
Mientras el gobierno estatal presume una notable reducción de homicidios y ciertos delitos —por ejemplo una baja anunciada de más del 50 % en homicidios dolosos según cifras oficiales—, la población vive otra realidad: en la última encuesta, casi cuatro de cada cinco ciudadanos identificaron la inseguridad y el crimen como el problema más grave de su entorno.
La contradicción es evidente: estadísticas “a la baja” por un lado, y comunidades paralizadas por el miedo, desapariciones y violencia imparable por el otro.
¿Por qué el Estado no retoma el control?
Fragmentación criminal inteligente: Las organizaciones ya no son unidades monolíticas; se dividen, alían y disuelven según conveniencia, lo que dificulta el trabajo de inteligencia y combate.
Corrupción e impunidad local: En muchas comunidades, los cárteles actúan como “autoridad de facto”, imponiendo “piso” al campo, montando retenes, controlando rutas y, en algunos casos, infiltrando instancias municipales.
Economía paralela fuerte: El control de rutas de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y la extorsión agrícola (especialmente limones, aguacates) financian los arsenales y refuerzan su poder territorial.
Presencia estatal limitada y reactiva: Los operativos siguen siendo mayormente de tipo militar o policiaco y salen caros, pero falta una estrategia de largo plazo que combine justicia, desarrollo y prevención.
Impacto humano y social
Para las comunidades de Tierra Caliente, esta guerra interna no es un concepto abstracto: significa cierre de escuelas, abandono de cultivos, desplazamiento forzado, silencios impuestos, y una normalización del terror. Familias que antes vivían de su huerta de limón o aguacate hoy pagan “cuotas”, ocultan sus ingresos o abandonan la zona. El País
El relato oficial de “menos homicidios” no coincide con la percepción de vulnerabilidad que prevalece en pueblos y rancherías cada vez más aislados.
¿Qué se necesita para romper el círculo?
Estrategia de Estado integral: No basta con operativos militares. Se requiere educación, caminos, infraestructura, empleo, justicia y salud como pilares para revertir la condición de “territorio en disputa”.
Transparencia y rendición de cuentas: Sin castigo efectivo a los corruptos, autoridades coludidas o negligentes, los cárteles seguirán ganando terreno.
Empoderamiento comunitario real: Los habitantes deben recuperar la confianza para denunciar, participar y reconstruir tejido social, sin depender de la lógica del miedo.
Acción internacional coordinada: El trasiego de químicos, droga y armas es global. La colaboración con EE. UU., Canadá y países productores debe ser más allá del discurso.
Tierra Caliente no es simplemente una “zona de alta violencia”: es un territorio bajo control criminal, donde el Estado mexicano ha cedido espacios decisivos sin que la ciudadanía vea verdadera restitución del orden.
El dato es contundente: mientras los informes oficiales hablan de mejoras, la población sigue viviendo en estado de sitio, con miedo, silencio y dependencia de estructuras ilegales.
En este escenario, el desafío para Michoacán no es solo recuperar la seguridad, sino recuperar su propio futuro.