Gobierno de Maru Campos dispara gasto en publicidad: más de cinco veces lo aprobado y en medio de críticas por prioridades

En Chihuahua se ha generado una fuerte polémica en torno al manejo del dinero público por parte del gobierno estatal que encabeza María Eugenia “Maru” Campos Galván, tras revelarse que el gasto en publicidad oficial y comunicación social durante 2025 ha superado en 378% lo aprobado por el Congreso local, generando cuestionamientos sobre prioridades, legalidad y transparencia en la administración pública.

La diputada estatal Jael Argüelles, de Morena, fue quien encendió la discusión al presentar cifras obtenidas mediante una solicitud de información: el presupuesto para publicidad autorizado por los diputados fue de 175 millones de pesos, pero el gobierno ha erogado hasta 837 millones de pesos hasta septiembre de este año. Según la legisladora, este sobregasto no solo es insostenible desde el punto de vista financiero, sino que además podría violar diversas normas estatales sobre gasto público.

¿Qué revela el análisis de los números?

El desbalance entre lo autorizado y lo ejercido en publicidad oficial durante los últimos años es llamativo. Los datos muestran que en ejercicios anteriores también se ejercieron recursos muy por encima de lo aprobado:

• 2022: se autorizaron 190 millones, pero se gastaron 345.

• 2023: se aprobaron 199 millones, pero se aplicaron 586.

• 2024: el presupuesto fue de 179 millones, pero se utilizaron 704.

• 2025: el Congreso aprobó 175 millones, sin embargo, el gobierno ha ejercido 837 millones hasta septiembre.

Para muchos, esta tendencia no parece una simple coincidencia sino una estrategia repetida de exceder consistentemente los topes presupuestarios oficiales. La diputada Argüelles sostiene que esto ocurre sin la autorización del Poder Legislativo, algo que de acuerdo con las leyes de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado no debería suceder si se rebasa en más del 5% el monto autorizado sin aval legislativo.

¿Publicidad institucional o autopromoción disfrazada?

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la percepción de que gran parte de este gasto no está siendo destinado a información institucional de utilidad pública, sino a impulsar la imagen de la gobernadora y su administración.

Argüelles ha señalado que este dinero debería estar mejor orientado a fortalecer programas sociales, servicios públicos como salud y educación, o el desarrollo de capacidades ciudadanas, en lugar de financiar una presencia mediática tan masiva. En su opinión, el modelo actual de gasto parece más enfocado en promoción política que en comunicación gubernamental responsable.

De hecho, organizaciones civiles y algunos sectores de la sociedad han criticado que este patrón de publicidad se asemeje a campañas de imagen personal, cuando las reglas constitucionales y estatales exigen que la publicidad oficial sea institucional, no personalizada ni con fines políticos.

El contexto de gasto en medios

Los recursos se han utilizado para pagar a medios de comunicación, tanto locales como nacionales, así como a diversas agencias y plataformas de difusión. Aunque el desglose exacto de cada contrato no siempre está disponible de forma transparente, analistas independientes han advertido que una parte significativa del dinero podría estar destinándose a publicidad que no tiene un claro propósito de información pública, sino más bien de reforzar la exposición mediática del gobierno y de la propia gobernadora.

Este tipo de prácticas, si bien no son exclusivas de una administración particular, suelen ser objeto de críticas cuando el gasto crece de forma desproporcionada sin rendición de cuentas clara y sin una justificación que demuestre beneficios tangibles para la ciudadanía.

¿Por qué este debate importa?

En muchos estados y gobiernos, el uso de recursos públicos para publicidad e información oficial está permitido dentro de ciertos límites y con el fin de informar a la población sobre programas, convocatorias y servicios. El problema surge cuando ese gasto supera con creces lo autorizado y cuando la transparencia sobre la naturaleza de esos gastos es insuficiente o inexistente.

En este caso, la denuncia de Argüelles sustenta que se está frente a una práctica que no solo carece de claridad sino que podría contravenir la Ley de Presupuesto de Egresos, la Ley de Contabilidad Gubernamental y las normas de gasto público del estado de Chihuahua, al permitir excedentes tan amplios sin aval del Poder Legislativo.

Además, diversos analistas han señalado que Chihuahua se ha convertido en uno de los estados con mayores niveles de gasto en publicidad oficial en relación con su población, incluso comparado con entidades más pobladas. Aunque no hay una clasificación oficial que determine el ranking nacional, los reportes señalan que en este rubro el gobierno chihuahuense se ubica entre los primeros lugares a nivel país.

Repercusiones políticas y sociales

Más allá del análisis técnico de los números, este tema ha tenido repercusiones políticas en la entidad. La crítica de la diputada de Morena se suma a otros reclamos sobre prioridades de gasto, y abre una discusión más amplia sobre el papel del gobierno estatal, la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos en beneficio de la sociedad.

Partidarios de la administración de Maru Campos, por su parte, han defendido que el gasto en comunicación es indispensable para informar adecuadamente a la ciudadanía sobre programas, obras y acciones del gobierno estatal, especialmente en un contexto donde temas como seguridad, desarrollo económico o programas sociales requieren difusión efectiva para alcanzar a un público amplio.

Sin embargo, el argumento oficial se ve debilitado por la falta de informes detallados accesibles al público, así como por el hecho de que el gasto final supera en varias veces lo que fue autorizado originalmente por el Legislativo, lo que alimenta la percepción de que la publicidad oficial está siendo usada con propósitos distintos a los institucionales.

La voz ciudadana y las expectativas de transparencia

En redes sociales y espacios de opinión, hay quienes consideran que este nivel de gasto en publicidad no solo es excesivo sino también insensible frente a las necesidades reales de la población, especialmente en un estado que enfrenta desafíos importantes en temas de seguridad, servicios públicos y desarrollo social. Algunos ciudadanos han expresado que prefieren ver más recursos destinados a educación, salud o infraestructura básica, en lugar de una campaña mediática amplia que refuerza la imagen de un gobierno sin explicar plenamente cómo beneficia a la gente.

La exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración ha crecido, y organizaciones civiles han pedido auditorías más profundas, así como un acceso a datos más claro que permita saber cuánto se gasta, en qué medios, con qué mecanismos de contratación y qué resultados concretos se obtienen para la población.

¿Qué viene ahora?

Con el debate ya encendido en el Congreso local y en la opinión pública, es probable que este tema siga ocupando espacio en la agenda política de Chihuahua durante los próximos meses. La diputada Argüelles ha señalado que continuará insistiendo en que se investigue a fondo el manejo de estos recursos y que se aclaren las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

Mientras tanto, la administración de Campos enfrenta la necesidad de explicar no sólo las cifras, sino también la justificación de ese gasto y cómo se alinea con los intereses y necesidades de la ciudadanía chihuahuense. El foco de esta discusión, en última instancia, va más allá de números: es una pregunta sobre qué tipo de gobierno se quiere, cómo se usan los recursos públicos y qué prioridades se deben tener para mejorar la vida de la gente, más allá de la exposición mediática o la construcción de imágenes gubernamentales.