Diputado Cuauhtémoc Estrada impulsa reforma para que recursos del Impuesto Universitario se repartan con justicia en Chihuahua

En Chihuahua se ha encendido un debate importante sobre cómo se distribuyen los recursos públicos destinados a la educación superior, y en el centro de esa discusión está la iniciativa presentada por Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado. La propuesta de Estrada no es menor: plantea reformular de fondo la forma en que el Impuesto Universitario se asigna a las instituciones públicas de educación superior, con la intención de que cada peso recaudado se distribuya de manera equitativa según la matrícula real de estudiantes en todo el sistema educativo estatal.

El argumento central que impulsa esta reforma es simple pero contundente: la educación superior debe ser accesible, fuerte y justa para todos los estudiantes sin importar la institución en la que estudien. Hoy, Chihuahua cuenta con universidades tecnológicas, centros formativos técnicos e instituciones convencionales que atienden a miles de jóvenes. A pesar de ese mosaico de oferta educativa, los recursos derivados del Impuesto Universitario —un gravamen sobre servicios educativos del sector público— terminan concentrándose en muy pocas universidades, dejando a muchas otras con recursos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

¿Qué propone concretamente la iniciativa?

La reforma que presentó Cuauhtémoc Estrada ante la Mesa Directiva de la Sexagésima Octava Legislatura busca modificar tanto la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua como el Código Municipal, con el fin de establecer criterios claros y justos para distribuir el Impuesto Universitario.

Los puntos clave son:

• Redistribuir los recursos del Impuesto Universitario en función de la matrícula actual de cada institución pública. Esto significa que las universidades con mayor número de estudiantes recibirían una proporción más alta de los recursos, reflejando su carga real de atención educativa.

• Eliminar privilegios históricos en la asignación, de modo que no sean siempre las mismas universidades grandes las que concentren la mayor parte de los fondos, mientras que institutos tecnológicos o universidades más pequeñas enfrentan carencias.

• Armonizar el destino de la sobretasa municipal relacionada con este impuesto, garantizando que los fondos recaudados a nivel local también sigan criterios de equidad.

En la presentación ante el Congreso estatal, Estrada insistió en que el acceso a la educación superior no puede depender de privilegios históricos ni de decisiones discrecionales que dejan a muchas instituciones sin la capacidad de responder a las demandas de sus estudiantes. Para él, esta reforma respondía a principios básicos de justicia, austeridad y racionalidad del gasto público.

Por qué este cambio es relevante

La discusión sobre la distribución del Impuesto Universitario no es meramente técnica: tiene impactos reales y tangibles en la vida de miles de jóvenes que estudian —o aspiran a estudiar— en instituciones públicas de educación superior en Chihuahua. Algunas de las razones por las cuales esta propuesta ha llamado la atención son las siguientes:

1. Fortalece la equidad educativa: instalar un mecanismo que base la distribución de recursos en la matrícula garantiza que las instituciones que atienden a más estudiantes tengan la capacidad de ofrecer infraestructura, servicios y programas de calidad.

2. Reconoce la diversidad del sistema educativo: las universidades del estado no son homogéneas. Mientras algunas tienen décadas de trayectoria y programas establecidos, otras —como instituciones tecnológicas o centros técnicos— operan con presupuestos más restrictivos pese a su importancia en regiones con alta demanda académica y laboral.

3. Responde a un reclamo de estudiantes y comunidades: desde hace años, sectores universitarios han señalado la disparidad en la asignación de recursos y la falta de transparencia en el uso de fondos públicos. Esta iniciativa busca poner un criterio objetivo y cuantificable —el número de estudiantes— como base para decidir.

Un desafío político y técnico

Aunque la propuesta apunta a una distribución más justa, su implementación no está exenta de discusión y retos. Cambiar la ley de Hacienda estatal y el Código Municipal implica negociación política, análisis presupuestal profundo y acuerdos entre diferentes fuerzas políticas. Estos procesos requieren tiempo, diálogo entre instituciones educativas, y la construcción de consensos sobre cómo equilibrar las necesidades de distintas universidades sin desequilibrar el presupuesto general del estado.

Además, existe el desafío de garantizar que la redistribución de recursos respete no solo criterios cuantitativos como la matrícula, sino también la calidad educativa, la investigación, la infraestructura y las necesidades específicas de cada institución. Este equilibrio es delicado, y su discusión podría extenderse dentro y fuera de los foros legislativos.

Reacciones y perspectivas

Aún es temprano para medir con precisión cuál será el impacto político de la iniciativa, pero algunos actores sociales y educativos han expresado su apoyo a la idea de una distribución más equitativa de los recursos. Muchas voces coinciden en que la educación superior debe ser una prioridad del gasto público, y que la asignación de fondos no puede seguir siendo un factor que profundice desigualdades entre instituciones.

Por otro lado, quienes defienden el modelo actual podrían argumentar que algunas universidades realizan proyectos de investigación, extensión o programas de alto costo que requieren fondos adicionales, y que la sola matrícula no debe ser el único criterio. Este debate —entre equidad y reconocimiento de funciones específicas— será parte central de los próximos intercambios políticos en el Legislativo estatal.

Lo que este movimiento representa

Más allá de una iniciativa legislativa, la propuesta de Cuauhtémoc Estrada representa un esfuerzo por redefinir el papel del presupuesto público en el acceso a la educación en Chihuahua. Si se logra aprobar este cambio, no solo se transformaría la forma en que se distribuyen los recursos del Impuesto Universitario, sino que también podría sentar un precedente para que otros estados y entidades educativas reconsideren cómo priorizan el financiamiento educativo.

En una época donde la educación superior es vista como un motor de desarrollo económico, inclusión social y movilidad, este tipo de iniciativas cobran una dimensión estratégica: invertir en estudiantes, no en privilegios históricos.