La residencia de Raúl Salinas de Gortari, ubicada en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, no fue solo un símbolo del poder político y económico que acumuló el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Documentos filtrados y testimonios de exfuncionarios han revelado que este inmueble fue adaptado como un sofisticado centro de espionaje político y vigilancia ciudadana durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La propiedad funcionó como una infraestructura clandestina que, bajo apariencia residencial, albergaba una red de tecnología de intercepción de comunicaciones, vigilancia satelital y monitoreo de opositores. Esta operación, de acuerdo con fuentes cercanas al extinto Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), se articuló con el propósito de vigilar actores políticos, periodistas y empresarios críticos del régimen priista.
Tecnología de Última Generación al Servicio de la Represión
Los equipos instalados en el interior del inmueble incluían tecnología israelí, similar a la utilizada por Pegasus, así como sistemas de interceptación de llamadas y análisis de metadatos. La casa fue modificada con cámaras térmicas, paredes insonorizadas y túneles ocultos para movilización de personal sin ser detectado.
Esta infraestructura no solo permitía la vigilancia en tiempo real, sino también el almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información personal, violando así derechos fundamentales de privacidad y libertad de expresión.
Entre los equipos detectados por técnicos expertos destacan:
Torres ocultas de antenas direccionales.
Cámaras ocultas con visión nocturna y sensores de movimiento.
Hardware de sniffing de redes Wi-Fi cercanas.
Salas de operación con software de análisis facial y reconocimiento de voz.
Vínculos con el Gobierno de Peña Nieto y el Cisen
Los lazos entre Raúl Salinas y altos mandos del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo al propio secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, permitieron que esta residencia se convirtiera en una extensión no oficial del aparato de inteligencia estatal.
Los documentos filtrados mencionan que personal adscrito al Cisen tenía acceso permanente al inmueble y lo utilizaba como punto de reunión y análisis de “objetivos de interés nacional”, en su mayoría opositores políticos, líderes sociales y periodistas como Carmen Aristegui, Denise Dresser y Lorenzo Meyer.
Impunidad Sistémica: El Silencio de las Instituciones
A pesar de múltiples denuncias e investigaciones periodísticas, ninguna autoridad federal ha judicializado formalmente el caso. La red de protección que rodea a la familia Salinas, así como los pactos de no agresión entre élites priistas, han impedido que se actúe contra estos graves hechos de espionaje.
El papel de la Fiscalía General de la República ha sido cuestionado por organizaciones como Artículo 19 y Fundar, que han exigido transparencia, rendición de cuentas y sanciones ejemplares a los responsables. Sin embargo, el expediente permanece archivado y las víctimas continúan esperando justicia.
Espionaje Político en México: Un Problema Sistémico
El caso de la casa de Raúl Salinas es solo la punta del iceberg en un país donde el espionaje ilegal ha sido utilizado de forma recurrente como herramienta de control político. Desde el software Pegasus hasta las escuchas ilegales realizadas por el Ejército, México ha sido señalado por organismos internacionales como uno de los países más peligrosos para periodistas y activistas.
A pesar del cambio de gobierno y la promesa de erradicar estas prácticas, diversas filtraciones y análisis de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) revelan que las estructuras de vigilancia siguen activas, ahora bajo nuevos operadores.
Un Legado de Espionaje y Corrupción que Persiste
La historia de la residencia de Raúl Salinas como centro de espionaje estatal encubierto es una prueba contundente de la degradación institucional que caracterizó al gobierno de Enrique Peña Nieto. También evidencia la forma en que la familia Salinas de Gortari ha continuado operando en las sombras del poder, acumulando influencia e impunidad.
La sociedad mexicana exige respuestas. Exige justicia. Y sobre todo, exige garantías de que estas prácticas no volverán a repetirse. El silencio no puede seguir siendo el precio de la estabilidad política.
