Pese a las ayudas económicas de EEUU, la corrupción en Honduras sigue siendo un barril sin fondo, mientras los gobiernos simulan combatir el problema.
Por Itsmania Platero
En el año 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que Honduras luchaba contra la corrupción y que, además, defendía los derechos humanos. Según un documento visto por Reuters, dicho informe detallaba que Honduras recibía cientos de millones de dólares en ayuda en un momento en que su gobierno enfrentaba acusaciones de fraude electoral.
Ese documento, con fecha del 28 de noviembre de 2017 y al que la agencia Reuters tuvo acceso, sostenía que el secretario de Estado, Rex Tillerson, certificó a Honduras para recibir asistencia.
En ese entonces, Honduras enfrentaba protestas violentas debido a los resultados de la elección presidencial. El mandatario Juan Orlando Hernández estaba a un paso de ganar la reelección, luego de la polémica por el retraso en el conteo, lo que llevó a la oposición a denunciar fraude y a desafiar un toque de queda decretado para evitar la violencia.
El expresidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional y en ese entonces cercano a Washington, obtuvo el 42.98% de los votos en los comicios frente al 41.39% del opositor Salvador Nasralla, según el conteo final del árbitro electoral.
El Departamento de Estado tomó decisiones que generaron preocupaciones entre los demócratas, quienes en ese entonces consideraron que esto podría interpretarse como una toma de posición del gobierno del presidente Donald Trump. “¿Qué clase de mensaje se está dando?”, comentó un asesor legislativo.
Honduras debía cumplir con varios requerimientos, como se mencionó, para recibir su parte de los 644 millones de dólares destinados por el Congreso estadounidense para asistir a los gobiernos centroamericanos. Entre estos requerimientos destacaban el combate a la corrupción y la protección de los derechos de los partidos políticos opositores.
Hoy, Honduras enfrenta, además de la violencia generada por la delincuencia común, delitos especiales, crimen organizado y el crecimiento de bandas criminales compuestas por cientos de personas armadas, más una pobreza endémica.
En los últimos años, cientos de hondureños, incluidas familias, mujeres profesionales y niños, han intentado migrar hacia Estados Unidos, algunos para salvar sus vidas, otros para mejorar su futuro.
El expresidente Barack Obama creó en 2015 un plan que incluyó el envío de cientos de millones de dólares en ayuda adicional para Honduras, Guatemala y El Salvador, con el objetivo de atacar el problema de la inmigración ilegal. El Senado en aquel entonces acordó liberar los fondos en caso de que se demostrara que los gobiernos de estos países luchaban contra la corrupción y el crimen.
Sin embargo, las causas estructurales que hicieron crecer la migración en Honduras no han disminuido. Estas continúan creciendo al ritmo de la corrupción, la impunidad y la violencia. A pesar del hambre, el desprecio y el peligro que enfrentan en el éxodo migratorio, muchos prefieren arriesgar sus vidas en México. Se han convertido en seres sin patria, encabezando la lista de solicitantes de asilo y refugio, siendo víctimas de secuestros, y ahora ostentan la cifra más alta de personas no localizadas.
La comunidad internacional, aunque ha mostrado interés en apoyar a los gobiernos centroamericanos, aún no logra abordar las raíces profundas de este drama humano. La migración continuará siendo una solución de último recurso para aquellos que no encuentran esperanza en su tierra natal, y la lucha por un futuro más justo y seguro en Honduras sigue siendo una deuda pendiente, tanto para los gobiernos como para la sociedad en su conjunto.