La confrontación política entre Morena y el PAN por el caso de Maru Campos ya subió de nivel. Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) citara a declarar a la gobernadora de Chihuahua por la polémica relacionada con presuntos agentes de la CIA en operativos realizados en la Sierra Tarahumara, el Partido Acción Nacional salió inmediatamente a defenderla y acusó al gobierno federal de usar las instituciones para golpear a la oposición.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que existe una “persecución política” contra Maru Campos y afirmó que Morena busca desgastar a los gobiernos estatales panistas utilizando investigaciones federales y presión mediática. Incluso convocó a simpatizantes y ciudadanos a “alzar la voz” en defensa de la gobernadora de Chihuahua.
Todo el conflicto gira alrededor del operativo realizado hace semanas en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos presuntos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos después de un accidente vehicular. El problema explotó porque comenzaron a surgir dudas sobre la participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos dentro de territorio mexicano sin autorización clara del gobierno federal.
A partir de ahí, la FGR abrió una investigación por posibles delitos relacionados con seguridad nacional y llamó a comparecer tanto a Maru Campos como al exfiscal estatal César Jáuregui para aclarar qué ocurrió realmente en ese operativo.
Pero en lugar de bajar la tensión, el caso detonó una guerra política. Desde el PAN aseguran que Morena intenta convertir a Maru Campos en un “chivo expiatorio” para fortalecer su narrativa sobre soberanía nacional y golpear políticamente a una de las gobernadoras opositoras con mayor proyección rumbo a 2027.
La propia Maru Campos ha insistido en que no autorizó la participación de agentes extranjeros y sostiene que siempre actuó dentro del marco legal. También ha dicho que Chihuahua necesita coordinación con Estados Unidos debido a la violencia fronteriza, el narcotráfico y el tráfico de personas que afectan constantemente al estado.
Sin embargo, desde Morena y sectores cercanos al gobierno federal la lectura es completamente distinta. Legisladores oficialistas sostienen que ningún gobierno estatal puede permitir operaciones extranjeras en temas de inteligencia o seguridad sin participación directa de la Federación. Para ellos, el caso podría representar una violación constitucional y un asunto delicado de soberanía nacional.
El tema se volvió todavía más explosivo porque ocurre en un momento donde la relación entre México y Estados Unidos atraviesa fuertes tensiones por seguridad, narcotráfico y cooperación militar. Además, el caso de Chihuahua coincidió con las acusaciones de Washington contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, lo que elevó todavía más la presión política interna.
En el fondo, el debate ya no solo trata sobre un operativo fallido o la presencia de agentes extranjeros. También refleja la enorme polarización política que vive México. Para el PAN, Morena está utilizando la FGR como herramienta de presión política; para Morena, el caso exhibe gobiernos estatales que habrían permitido niveles peligrosos de colaboración extranjera en asuntos sensibles.
Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo alrededor de la comparecencia de Maru Campos ante la FGR. Porque más allá de los discursos políticos, todavía hay preguntas sin respuesta: ¿quién autorizó realmente la operación?, ¿qué agencias participaron?, ¿hasta dónde llegaba la colaboración con Estados Unidos? y, sobre todo, ¿este caso terminará como una batalla política más o abrirá una investigación de consecuencias mayores?