La tensión política en Chihuahua sigue aumentando. Morena exigió públicamente que la gobernadora Maru Campos comparezca con total claridad ante la Fiscalía General de la República (FGR) para explicar los acuerdos de seguridad firmados con Texas y la posible participación de agencias estadounidenses en operaciones realizadas dentro del estado. La controversia ya escaló del terreno local a un debate nacional sobre soberanía, legalidad y cooperación extranjera en temas de inteligencia y combate al crimen organizado.
La dirigencia estatal de Morena acusó al gobierno panista de Chihuahua de mantener una política de seguridad “opaca” y señaló que la ciudadanía merece conocer hasta dónde llegaron los acuerdos con autoridades estadounidenses, particularmente con el gobernador texano Greg Abbott y agencias federales de Estados Unidos. El partido insistió en que la cooperación internacional no puede desarrollarse fuera del marco constitucional ni sin supervisión del gobierno federal.
El caso tomó fuerza después de revelarse que desde 2022 el gobierno de Chihuahua mantiene convenios de colaboración en seguridad fronteriza con Texas, incluyendo intercambio de información, tecnología de vigilancia y coordinación operativa relacionada con el Proyecto Centinela, la principal estrategia de inteligencia impulsada por Maru Campos.
Sin embargo, la situación se volvió todavía más delicada tras la aparición de reportes sobre presuntas operaciones donde habrían participado ciudadanos estadounidenses armados dentro del territorio chihuahuense, particularmente en zonas serranas vinculadas al combate contra grupos criminales. Aunque todavía existen muchas dudas sobre lo ocurrido, el tema ya activó investigaciones federales relacionadas con posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. (
Morena sostiene que el problema ya no es únicamente político, sino constitucional. Legisladores y dirigentes del partido afirman que ningún estado puede establecer acuerdos internacionales en materia de seguridad sin participación directa de la Federación. Desde su perspectiva, Chihuahua habría excedido sus atribuciones al permitir colaboración extranjera en áreas sensibles como inteligencia, vigilancia y combate al narcotráfico.
Por su parte, el gobierno estatal ha rechazado las acusaciones y sostiene que toda cooperación con Texas fue legal y transparente. Funcionarios cercanos a Maru Campos aseguran que la coordinación fronteriza responde a la crisis de violencia, tráfico de personas, migración irregular y narcotráfico que afecta tanto a Chihuahua como a Texas. También argumentan que la colaboración binacional es común en estados fronterizos y que el Proyecto Centinela fue diseñado precisamente para fortalecer capacidades tecnológicas frente al crimen organizado.
Aun así, la polémica golpea políticamente a la administración estatal en un momento complicado. Chihuahua se convirtió en uno de los estados con mayor inversión en sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial y monitoreo digital, pero también en uno de los territorios donde persisten fuertes disputas criminales y altos niveles de violencia. La oposición cuestiona si el enorme gasto en tecnología realmente ha producido resultados contundentes en seguridad pública.
Además, el tema adquiere una dimensión nacional porque ocurre mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum endurece su discurso sobre soberanía nacional y rechaza cualquier intervención extranjera directa en territorio mexicano. Desde Palacio Nacional se ha insistido en que las labores de seguridad corresponden exclusivamente al Estado mexicano, especialmente después de las crecientes presiones de sectores políticos estadounidenses para intervenir contra cárteles mexicanos.
Analistas consideran que Morena también está utilizando el caso para aumentar presión política sobre el PAN rumbo a futuras disputas electorales. Maru Campos es una de las figuras panistas con mayor proyección nacional y el escándalo podría debilitar su imagen pública si las investigaciones federales avanzan o si aparecen nuevos documentos relacionados con cooperación internacional en materia de seguridad.
Mientras tanto, la FGR mantiene abiertas las indagatorias y la expectativa política sigue creciendo. Lo que inicialmente parecía un convenio fronterizo de rutina ahora amenaza con convertirse en un conflicto político, constitucional y diplomático de gran escala. Y en medio de la disputa, la principal pregunta continúa sin respuesta clara:
¿hasta dónde llegaron realmente los acuerdos entre Chihuahua y las autoridades estadounidenses?