En México, las desapariciones forzadas y no localizadas continúan siendo una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos. A lo largo de las últimas décadas, se ha consolidado una dolorosa realidad: miles de personas han desaparecido sin dejar rastro, dejando a familias enteras en la incertidumbre y el sufrimiento constante.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 110,000 personas se encuentran en calidad de desaparecidas. Esta cifra, lejos de disminuir, sigue aumentando. La situación no sólo refleja una falla estructural en los sistemas de justicia y seguridad, sino también una carencia de voluntad política y mecanismos eficaces para enfrentarla.
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El papel del Estado: ¿complicidad, omisión o incapacidad?
Aunque las autoridades han negado reiteradamente que exista una política de Estado detrás de las desapariciones, diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado que en muchos casos hay participación activa o colusión de agentes del Estado, particularmente de fuerzas policiales y militares.
Esto ha sido documentado por organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales han emitido recomendaciones claras al Estado mexicano sobre la necesidad de adoptar medidas inmediatas para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
Las víctimas invisibles: mujeres, migrantes y jóvenes
La mayoría de las personas desaparecidas en México son jóvenes entre los 15 y 29 años. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado un alarmante aumento en la desaparición de mujeres, muchas de ellas menores de edad. Los estados de Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz concentran el mayor número de casos.
Además, los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos son otro grupo altamente vulnerable. Al carecer de redes de apoyo o recursos, sus desapariciones frecuentemente quedan sin denunciar ni investigar, engrosando una cifra negra de casos que nunca llegan al conocimiento de las autoridades.
Familias en pie de lucha: la resistencia ante la indiferencia
Ante la inacción del Estado, han sido las colectivas de búsqueda y los familiares de las víctimas quienes han asumido la responsabilidad de investigar y buscar a sus seres queridos. Con palas, picos y esperanza, recorren campos, brechas y fosas clandestinas, muchas veces en condiciones precarias y bajo amenaza constante.
Movimientos como «Buscando a Nuestros Desaparecidos», «Madres Buscadoras de Sonora» y «Hasta Encontrarles» se han convertido en referentes de una lucha incansable por la verdad, la memoria y la justicia.
El sistema judicial: una maquinaria lenta y deficiente
La falta de una política pública integral para atender las desapariciones ha derivado en un sistema judicial colapsado y omiso. Las investigaciones suelen iniciar con retraso, sin perspectiva de género ni enfoque diferenciado, con deficiencias en la cadena de custodia, ausencia de protocolos adecuados y pérdida de evidencia crucial.
La Comisión Nacional de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas han recibido recursos, pero su impacto ha sido limitado por la falta de coordinación institucional, la corrupción estructural y la escasa voluntad para sancionar a los responsables, incluso dentro de las propias corporaciones estatales.
El discurso oficial: entre el negacionismo y el desgaste político
El gobierno federal ha sido acusado de minimizar la crisis, señalando que muchas personas reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas o nunca estuvieron desaparecidas. Este enfoque ha sido duramente criticado por organismos civiles, que lo ven como un intento por alterar las cifras y deslegitimar el sufrimiento de las familias.
Aunque se ha anunciado la creación de nuevos padrones y sistemas de identificación, estos avances no sustituyen la necesidad de una política integral con enfoque de derechos humanos, participación de las víctimas y transparencia total.
Recomendaciones de organismos internacionales: el llamado urgente
Diversas instancias internacionales han emitido recomendaciones concretas al Estado mexicano, entre ellas:
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Garantizar la independencia de las instituciones de búsqueda e investigación.
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Implementar un sistema nacional de identificación forense con recursos suficientes.
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Crear un banco de datos genéticos accesible y centralizado.
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Sancionar efectivamente a los responsables, incluidos funcionarios públicos.
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Proteger a las familias buscadoras y a las personas defensoras de derechos humanos.
México no puede seguir negando la realidad
La desaparición de personas en México no es una cifra, es una herida abierta que sangra cada día. El negacionismo oficial no elimina la verdad: el país atraviesa una crisis humanitaria. Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia, memoria y garantías de no repetición.
Mientras el Estado siga eludiendo su responsabilidad, seguirá perpetuando la impunidad. La exigencia es clara: ni una persona más desaparecida, ni una familia más sola.
