La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha manifestado una fuerte postura en torno a la reciente liberación de José Luis A.C., el propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, y ha exigido que se revise a fondo la decisión del Poder Judicial Federal que permitió su salida del Centro de Reinserción Social.
En un comunicado oficial emitido este sábado 14 de febrero de 2026, la Fiscalía expresó su rechazo ante la resolución del juez federal que concedió un amparo al imputado y ordenó su libertad, señalando que la medida no está sustentada conforme a lo que se ha demostrado en el proceso penal por el hallazgo de 386 cuerpos dentro del establecimiento.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, explicó que la dependencia presentará de manera inmediata dos recursos legales: un recurso de revisión ante los jueces del Poder Judicial Federal para que se reconsidere la sentencia de amparo y se restituya la situación procesal anterior, y un recurso de queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se evalúe la actuación del juez que otorgó la resolución federal.
Según lo detallado por la Fiscalía, el amparo otorgado por un juez federal del Juzgado Séptimo de Distrito derivó en la libertad del dueño del crematorio durante la noche del 13 de febrero, pese a que éste estaba detenido desde junio de 2025 bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la conservación, inhumación y cuidado indebidos de los restos humanos encontrados en condiciones insalubres en las instalaciones.
La Fiscalía señaló que el juez federal se centró en aspectos técnicos relacionados con los verbos rectores de los tipos penales que se le imputaban al dueño del crematorio, sosteniendo que los hechos no encuadraban como delito, sino como faltas administrativas, lo cual llevó a anular la vinculación a proceso y a ordenar la libertad de José Luis A.C.
Jáuregui Moreno criticó esa determinación, afirmando que no debe perderse de vista el contexto del caso: en junio de 2025, en Plenitud se encontraron 386 cuerpos apilados sin incinerar y en condiciones de abandono, algunos con fechas de muerte de varios años atrás, y se comprobó que las familias no estaban recibiendo las cenizas correspondientes de sus seres queridos pese a haber pagado por el servicio.
Por esa razón, la Fiscalía insistió en que la decisión del juez federal debe ser revisitada porque, desde su punto de vista, no se aprecia una evaluación completa de los elementos probatorios que habían sido aportados por la autoridad estatal ante los tribunales correspondientes.
Además, se informó que el Fiscal General ya se ha reunido con algunas de las familias afectadas por este caso para explicarles las acciones que se emprenderán y brindarles respaldo oficial en la búsqueda de justicia.
La postura de la FGE apunta a agotar todas las vías legales disponibles para revertir la liberación y garantizar que el proceso penal no quede sin efectos frente a la gravedad de los hechos que han generado indignación pública en la comunidad de Ciudad Juárez y en todo el estado de Chihuahua.
Este pronunciamiento se da en medio de una fuerte atención social sobre la situación del crematorio Plenitud, que ha sido un caso emblemático por la manera en la que se gestionó el hallazgo de restos humanos y la respuesta del sistema de justicia desde su descubrimiento en 2025.