Fiscalía de México llaman a declarar a Rubén Rocha tras explosivas acusaciones de narcotráfico desde Estados Unidos
La presión política sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue creciendo. La Fiscalía General de la República (FGR) ya lo citó a declarar después de que autoridades estadounidenses lo acusaran formalmente de presuntos vínculos con el narcotráfico y de favorecer operaciones del Cártel de Sinaloa.
El caso se convirtió rápidamente en uno de los temas más delicados para el gobierno mexicano porque no se trata de un funcionario menor. Rocha Moya es uno de los gobernadores más cercanos a Morena y las acusaciones provenientes de Nueva York golpearon directamente al entorno político de la llamada Cuarta Transformación. (
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el gobernador sinaloense habría recibido apoyo político y protección electoral de grupos ligados a Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa. A cambio, según la acusación, existiría protección institucional para permitir operaciones criminales en la entidad. (
Estados Unidos incluso solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros funcionarios vinculados al caso. Sin embargo, el gobierno mexicano respondió inicialmente diciendo que las autoridades estadounidenses no habían presentado pruebas suficientes para ejecutar la solicitud de inmediato.
Mientras tanto, Rocha Moya rechazó completamente las acusaciones. El gobernador aseguró que todo forma parte de una campaña política y afirmó que demostrará su inocencia. En sus declaraciones públicas, también intentó convertir el caso en una disputa política más amplia, señalando que el ataque no es solo contra él, sino contra Morena y la 4T.
El problema es que el tema ya escaló mucho más allá de un simple intercambio diplomático. Analistas consideran que el caso podría tensar seriamente la relación entre México y Estados Unidos, especialmente porque Washington parece estar endureciendo su postura contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con el crimen organizado.
Además, el contexto vuelve todo todavía más explosivo. Sinaloa atraviesa una etapa extremadamente violenta por las disputas internas del cártel y la presión internacional contra grupos criminales mexicanos. En medio de esa crisis, que un gobernador en funciones sea acusado desde Estados Unidos representa un golpe político y diplomático sin precedentes recientes.
Ahora la atención está puesta en la FGR. Aunque la Fiscalía mexicana abrió investigaciones y llamó a declarar a Rocha Moya, todavía no está claro si el gobierno federal avanzará hacia un proceso penal más agresivo o si intentará contener políticamente el escándalo mientras exige mayores pruebas a Washington.
Lo que sí parece evidente es que el caso ya abrió una nueva etapa en la relación bilateral. Estados Unidos ya no solo persigue a líderes criminales mexicanos; ahora también está apuntando directamente hacia figuras políticas de alto nivel, algo que podría redefinir la cooperación —y la tensión— entre ambos países en los próximos meses.