La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando una presunta red de narcocorrupción de alcance binacional que operaría en Baja California, la cual incluiría a políticos, exfuncionarios y empresarios vinculados a delitos como tráfico de armas, narcotráfico, lavado de dinero y extorsión institucional, según documentos oficiales y reportes periodísticos.
Investigación y nombres involucrados
Entre los principales señalados en las indagatorias se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, así como el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez. Estos citatorios, emitidos por la FGR entre finales de octubre de 2025, forman parte de una investigación que inicialmente comenzó por presunto lavado de dinero pero que ahora también abarca narcotráfico y tráfico de armas, aunque aún no se han judicializado formalmente los cargos.
Los documentos revisados por la FGR señalan que Torres Torres fue requerido como parte de estas diligencias en las que se describen vínculos políticos, financieros y criminales entre los investigados y grupos delictivos, con supuesta protección institucional en diferentes niveles de gobierno.
Sobornos a una célula del Cártel de Sinaloa
Una parte relevante de la investigación apunta a que Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, habría pagado sobornos mensuales de hasta 150 000 dólares a cambio de permitir la operación de una célula del Cártel de Sinaloa conocida como Los Rusos en el estado. Estos pagos habrían sido facilitados por intermediarios vinculados a Torres Torres y su red.
Empresas fachada y flujos financieros
Las líneas de investigación también exploran cómo parte de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita se habrían canalizado a través de empresas fachada en México y Estados Unidos, simulando actividades comerciales para luego invertir en bienes raíces y otros activos, según fuentes consultadas por autoridades y documentadas por medios de investigación.
Además, se investiga si parte de estos recursos financieros habrían sido destinados a campañas políticas locales, con el objetivo de influir en candidaturas afines o sostener estructuras de poder regionales.
Extorsiones aduanales y tráfico de mercancías
Como parte de la misma pesquisa, la FGR también analiza presuntas extorsiones en aduanas de Baja California, en las que mercancías de importación habrían sido retenidas de manera deliberada para exigir pagos a empresarios a cambio de su liberación. El dinero recabado en estas prácticas supuestamente habría sido dispersado a través de intermediarios, incluido un notario público investigado por su presunta participación en la dispersión de esos fondos.
Crisis política y filtraciones
La investigación ha generado una crisis política en el estado, debido a que los citatorios federales han trascendido públicamente e involucran a figuras políticas que ocupan o han ocupado cargos públicos. La difusión de estos documentos ha intensificado el escrutinio sobre la presunta influencia de intereses criminales dentro de estructuras gubernamentales de Baja California.
Entre los nombres que han sido mencionados además de Torres y Salgado se encuentran el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y el senador Armando Ayala Robles —exalcalde de Ensenada— quienes fueron aparentemente requeridos por la FGR como investigados o testigos.
Respuesta de autoridades y situación actual
Hasta ahora, la investigación de la FGR se mantiene en etapa de indagatoria, y no se ha informado sobre detenciones ni imputaciones formales relacionadas con los nuevos cargos de narcotráfico o tráfico de armas. Tampoco se ha emitido una postura pública detallada por parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila respecto a los señalamientos que involucran a su exesposo.
La investigación federal ofrecerá mayores elementos conforme se avance en las diligencias, y será la autoridad ministerial la que determine si existen elementos suficientes para formular acusaciones formales ante un juez o para proceder con órdenes de aprehensión.