El conflicto entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la Fiscalía General de la República ya dejó de ser solamente un tema jurídico. Ahora es también una batalla política, mediática e institucional que pone sobre la mesa una pregunta delicada para cualquier democracia: ¿hasta dónde puede llegar el poder del Estado sin romper el equilibrio constitucional?
La mandataria estatal anunció que denunciará penalmente a la FGR tras recibir un citatorio relacionado con las investigaciones derivadas del caso de agentes estadounidenses accidentados en la Sierra Tarahumara. Su defensa sostiene que el procedimiento vulnera el fuero constitucional de una gobernadora en funciones y acusa a la Fiscalía de haber iniciado actos propios de una investigación penal sin seguir previamente un proceso formal de desafuero.
Y aquí es donde el tema deja de ser simple.
Porque en un Estado de derecho sano, absolutamente nadie debería estar por encima de la ley. Pero también es cierto que ninguna institución debería utilizar mecanismos judiciales ambiguos que puedan interpretarse como presión política o “hostigamiento procesal”.
Ese equilibrio es precisamente el corazón del problema.
El fuero no es impunidad… pero tampoco un adorno constitucional
En México existe una enorme confusión pública sobre el fuero constitucional. Mucha gente lo interpreta automáticamente como privilegio o blindaje absoluto. Jurídicamente no funciona así.
El fuero existe para proteger la autonomía institucional de ciertos cargos públicos y evitar que el poder penal sea utilizado como herramienta de presión política inmediata. Eso no significa inmunidad total, sino reglas especiales para procesar penalmente a determinados funcionarios.
Por eso el debate jurídico actual es importante.
La defensa de Maru Campos argumenta que el citatorio contiene elementos contradictorios: oficialmente se le llama “testigo”, pero los fundamentos legales utilizados corresponderían a procedimientos dirigidos normalmente a personas investigadas penalmente.
Si eso es correcto, la FGR tendría la obligación de aclarar con absoluta precisión cuál es la naturaleza jurídica real del procedimiento.Porque en derecho penal las formas importan muchísimo.
Y cuando una Fiscalía federal investiga a una gobernadora de oposición en un contexto altamente polarizado, cualquier error técnico automáticamente genera sospechas políticas.
La Fiscalía también tiene derecho a investigar
Ahora bien, tampoco sería serio caer en la narrativa simplista de que cualquier investigación contra un político automáticamente equivale a persecución. La FGR tiene facultades constitucionales para investigar posibles delitos federales, especialmente cuando existen temas relacionados con soberanía nacional, cooperación internacional o presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Además, el hecho de que exista fuero no elimina la posibilidad de realizar actos preliminares de investigación o solicitar comparecencias bajo ciertas condiciones legales. Ahí es donde probablemente terminará concentrándose la discusión real: ¿la Fiscalía actuó dentro de sus facultades o utilizó mecanismos jurídicamente cuestionables para presionar políticamente?
Y el problema no es menor. Porque si la FGR actúa de manera excesiva, erosiona su propia legitimidad institucional. Pero si se interpreta que ciertos funcionarios quedan intocables por razones políticas, también se debilita el principio de igualdad ante la ley.
El riesgo más grande es politizar la justicia
Lo verdaderamente preocupante no es solamente el citatorio. Es el ambiente político alrededor del caso. Morena acusa posibles irregularidades graves relacionadas con el ingreso de agentes estadounidenses. El PAN denuncia persecución política. La presidenta Claudia Sheinbaum intenta moderar el discurso públicamente. Y mientras tanto, la discusión jurídica comienza a contaminarse completamente de narrativa electoral rumbo a 2027.
Cuando eso ocurre, las instituciones empiezan a perder credibilidad sin importar quién tenga razón.
Porque la ciudadanía deja de ver procesos legales… y comienza a ver solamente bandos políticos usando el aparato institucional como arma de confrontación.
Y ese es uno de los síntomas más peligrosos para cualquier democracia.
El verdadero examen será la transparencia
En un escenario tan delicado, la única salida razonable debería ser la transparencia absoluta. Si la FGR tiene elementos sólidos, debe explicarlos jurídicamente con claridad y respetando el debido proceso. Si hubo errores procesales o excesos, también deben corregirse.
Por su parte, Maru Campos tiene derecho a defenderse legalmente, cuestionar el procedimiento y exigir respeto a las garantías constitucionales de su cargo. Pero eso tampoco debería convertirse automáticamente en una narrativa donde cualquier investigación federal sea descalificada como persecución política.
Porque entonces el mensaje sería todavía más grave: que las investigaciones solo son válidas cuando afectan al adversario político.
El Estado de derecho no puede funcionar por simpatías partidistas
El problema de fondo es que en México muchas veces el debate jurídico termina reducido a una lógica tribal:
- si investigan a un rival, es justicia
- si investigan a un aliado, es persecución
Y así es imposible construir instituciones sólidas.
El verdadero Estado de derecho funciona precisamente cuando las reglas se aplican incluso en contextos políticamente incómodos. Pero para que eso ocurra, las autoridades también deben actuar con precisión técnica impecable, neutralidad política visible y absoluto respeto constitucional.
Porque una Fiscalía poderosa sin controles puede convertirse en herramienta política.
Pero una clase política intocable también destruye la confianza pública en la justicia.
Y justo en esa tensión incómoda es donde hoy se encuentra México.