El ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha interpuesto un nuevo juicio de amparo con el objetivo de impedir que se ejecute su prisión y una posible extradición, informaron fuentes oficiales relacionadas con el caso.
Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, luego de que en diciembre pasado fuera vinculado a proceso por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
El amparo y las autoridades involucradas
La demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, dirigida en particular contra la jueza María Jazmín Ambriz López, quien es la encargada del caso en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, también en el Estado de México.
Con este recurso, Duarte reclama la legalidad de la orden de aprehensión en su contra, así como la privación de su libertad y la posibilidad de que sea extraditado, aunque aún no se define si lo estaría a Estados Unidos u otra jurisdicción.
Sin embargo, el juez encargado del trámite, Adolfo Christian Castro Solís, se declaró incompetente para conocer del asunto, lo que generó que el expediente sea reasignado para su análisis.
¿Por qué se rechazó inicialmente?
De acuerdo con el juez Castro Solís, la demanda fue canalizada inicialmente por error desde otro juzgado —el Décimo de Distrito con residencia en Chihuahua— hacia la Ciudad de México. Según lo declarado, las razones y fundamentos de ese primer intento estaban dirigidos a que el asunto fuera atendido por un juzgado penal con sede en Toluca.
El magistrado explicó que, al tratarse de una posible decisión improcedente al generar el traslado, correspondía devolver el expediente al Tribunal competente. Ahora, si ninguno de los juzgados de primera instancia acepta de manera clara la competencia para resolver el amparo, será un Tribunal Colegiado de Circuito el que determine qué órgano judicial deberá atenderlo.
Contexto del proceso penal
En diciembre pasado, la jueza de control federal vinculó formalmente a proceso a Duarte Jáquez por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Ese delito forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que señala que el ex gobernador habría intentado ocultar cerca de 73 millones 925 mil 995 pesos supuestamente desviados de las arcas públicas del estado durante su mandato de 2010 a 2016.
La vinculación a proceso hizo que se confirmara la medida de prisión preventiva justificada, lo que implica que Duarte permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal.
Qué significa el amparo
Un amparo es un recurso legal que en México sirve para que una persona solicite a los jueces federales la protección de sus derechos constitucionales frente a actos que considera arbitrarios o ilegales por parte de autoridades. En este caso, Duarte busca que se revise la legalidad de las acciones que podrían llevar tanto a su detención como a su posible extradición.
Este no es el primer amparo que ha promovido el ex mandatario en relación con este caso, ya que su defensa ha utilizado recursos similares en distintos momentos del proceso para intentar modificar las decisiones judiciales que le han sido adversas. El hecho de que el tribunal de distrito haya rechazado su demanda por cuestiones de competencia también muestra las dificultades procesales que suelen presentarse en casos de alto perfil como este.
Lo que sigue
Actualmente, el expediente deberá ser resuelto por la autoridad judicial que finalmente sea considerada competente. Si un Tribunal Colegiado interviene, será ese órgano el que determine si el amparo procede para revisar los actos reclamados por Duarte, y en su caso, si estos pueden suspenderse temporalmente mientras se decide el fondo de la controversia.
Mientras tanto, la investigación y el proceso penal siguen su curso en contra del ex gobernador, lo que mantiene abierta la posibilidad de que continúe en prisión o enfrente un proceso de extradición para responder a las acusaciones en otra jurisdicción, dependiendo de cómo evolucionen los recursos legales.