Acuerdo oculto con Texas revive cuestionamientos sobre soberanía y seguridad en Chihuahua
El convenio firmado por Maru Campos con Greg Abbott desde 2022 vuelve al centro del debate tras revelarse posibles vínculos con operaciones de inteligencia y cooperación extranjera en territorio mexicano
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos luego de revelarse que desde abril de 2022 mantiene un acuerdo de colaboración en materia de seguridad con el gobernador de Texas, Greg Abbott. El convenio, que había permanecido fuera del debate público nacional durante años, reapareció ahora en medio de investigaciones relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados dentro del estado fronterizo.
El memorándum firmado entre ambos gobiernos contempla coordinación en vigilancia fronteriza, intercambio de información y colaboración tecnológica vinculada al denominado Proyecto Centinela, la estrategia de seguridad insignia impulsada por la administración panista en Chihuahua.
Aunque el gobierno estatal ha defendido el acuerdo como un mecanismo de cooperación binacional para combatir el tráfico de drogas, personas y armas, el tema tomó un giro político y constitucional después de que medios públicos y sectores afines a Morena señalaran que dicho convenio podría representar una violación al artículo 117 de la Constitución, el cual limita a los estados para celebrar acuerdos internacionales sin intervención federal.
La controversia creció todavía más tras revelarse que el Proyecto Centinela no solo contemplaba intercambio de información, sino también facilidades para agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y otras corporaciones de seguridad. Incluso, funcionarios estatales habían reconocido previamente la posibilidad de presencia permanente de dichas agencias dentro de instalaciones de inteligencia en Ciudad Juárez.
El caso se volvió especialmente delicado porque ocurre en paralelo a las investigaciones federales sobre un operativo realizado en la Sierra Tarahumara en abril pasado, donde participaron ciudadanos estadounidenses y murieron presuntos agentes ligados a labores de inteligencia. La Fiscalía General de la República ya analiza si existieron violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y si autoridades estatales excedieron sus facultades al permitir colaboración operativa extranjera dentro del país.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar a fondo el alcance del acuerdo firmado entre Chihuahua y Texas. Aunque evitó emitir una condena directa, calificó como “extraño” que dos gobiernos estatales mantengan convenios relacionados con seguridad e inteligencia, áreas que constitucionalmente corresponden al ámbito federal.
La polémica también expone una contradicción política incómoda. Mientras Morena acusa a Maru Campos de abrir espacios de intervención extranjera en temas sensibles, el gobierno de Chihuahua sostiene que la coordinación con Texas era necesaria debido a la presión migratoria, el narcotráfico y la violencia fronteriza. De hecho, el acuerdo fue anunciado públicamente desde 2022 como parte de una estrategia para agilizar el comercio y reforzar la seguridad regional.
Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como cooperación fronteriza ahora es interpretado por sectores oficialistas como un posible esquema de injerencia extranjera tolerado desde el ámbito estatal. La narrativa resulta especialmente explosiva en un contexto donde el gobierno federal ha endurecido su discurso sobre soberanía nacional y rechazo a cualquier intervención externa en asuntos de seguridad.
El debate también deja al descubierto un problema más profundo: la creciente militarización y dependencia tecnológica en los estados fronterizos, donde gobiernos locales buscan apoyo internacional para enfrentar una crisis de violencia que rebasa capacidades institucionales. Chihuahua se convirtió en uno de los laboratorios más agresivos de vigilancia e inteligencia en el país mediante el Proyecto Centinela, una infraestructura que combina videovigilancia masiva, monitoreo fronterizo y análisis de datos.
Ahora, la gran interrogante es hasta dónde llegó realmente la colaboración entre Chihuahua y agencias estadounidenses. Porque mientras el gobierno estatal insiste en que se trató de cooperación legal y necesaria, desde el oficialismo federal comienzan a surgir voces que hablan de cesión de soberanía, operaciones irregulares y acuerdos que nunca debieron avanzar sin supervisión de la Federación.